por Florie Caicedo

En el 2014, mi rumi trabajaba para una dependencia gubernamental. El presidente era Enrique Peña Nieto y no podía esperarse que las condiciones laborales de mi compañera fueran las mejores: ganaba poco, trabajaba mucho y nunca sabía si su pago se vería o no reflejado en la siguiente quincena. Diez años después, durante la administración de un autodenominado gobierno de izquierda, cuya cabeza es Claudia Sheinbaum Pardo, la situación se repite.

Mientras el empresario, líder sindical (por más oximorónico que esto suene) y diputado de la bancada parlamentaria de Morena Pedro Haces esquiva los cuestionamientos sobre la escandalosa opulencia de la que vive rodeado, muchos trabajadores de la administración pública federal ven retrasada la firma de sus contratos y, por ende, de sus pagos, en una burda simulación que trata de hacer pasar el outsourcing más descarado por prácticas habituales de la austeridad republicana.

La austeridad republicana es una de las políticas más ambiguas de la cuarta transformación. Los principios en los que se basa esta política —1) no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y 2) nadie puede ganar más que el presidente de la república—, más que para brindar una perspectiva de simplificación y eficiencia dentro de la administración pública, han servido para practicar la explotación laboral y para consolidar una nueva oligarquía al interior de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

A la vez que las cabezas de las secretarías y dependencias del gobierno federal acomodan a sus colaboradores y amigos más cercanos en posiciones de poder cuyas retribuciones económicas se acercan peligrosamente a las de la presidenta de la república, muchos trabajadores de menor nivel son contratados por honorarios, por lo que carecen de cualquier prestación social, incluyendo el acceso a los servicios de salud, además de que sus salarios se retrasan por semanas, e incluso meses, al arbitrio de la Secretaría de Hacienda y los departamentos de finanzas de cada institución gubernamental.

Pareciera que la política de austeridad lo que en realidad promueve es que ciertos individuos, cuya lealtad resulta estratégica para el movimiento en el poder, puedan llegar a rozar el mismo salario que la presidenta (sin tocar este límite), al mismo tiempo que miles de trabajadores, quienes en buena medida son los que operan los fierros de la burocracia morenista, se ven reducidos a meros contratistas externos, que no merecen las mismas prestaciones de quienes están sindicalizados o cuentan con algún tipo de base. Así es: hay trabajadores de segunda al interior de un gobierno que se autoadscribe dentro de la ideología izquierdista.

Las defensas ante este doble rasero de la cuarta transformación podrían resumirse en advertir las contradicciones propias de un gobierno burgués, sin importar que la bandera política de este sea el pueblo y, por extensión, el proletariado, o que es imposible revertir las prácticas culturales de instituciones que las han venido ejerciendo durante decenios. Contradicción y rezago pueden ser las excusas más sonadas frente a lo que yo llamo llana hipocresía.     

Dudo mucho que personajes como el senador Gerardo Fernández Noroña, el diputado Ricardo Monreal, la recién nombrada directora de Canal 11, Renata Turrent, o el actual secretario de Educación, Mario Delgado, vean detenidos sus pagos al menos por una ocasión, ya no se diga durante semanas o meses. Tampoco es algo que creo que tolerarían, y con mucha razón.   

¿Cómo esperan que los trabajadores cuya labor es crítica para el buen funcionamiento del gobierno toleren e incluso tengan que soportar en silencio el que no le sean entregadas sus retribuciones económicas? Decepciona que un gobierno que se ha autodenominado de izquierda lleve a cabo la práctica contra la cual han luchado la mayoría de los movimientos de izquierda de la historia: la explotación.

Florie Caicedo. Filósofa excepcional. Ha visitado el centro de la Tierra.

La fotografía que sirve como portada para esta entrada fue tomada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal mexicano.