por Samuel Cortés Hamdan

El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente del Perú, Pedro Castillo, emitió un mensaje a la nación que ordenaba la disolución del Congreso de la República y que convocaba a un proceso de reescritura de la constitución. Unas horas después estaba detenido.

Ante la decisión del ejecutivo, el poder legislativo decidió aplicar la vacancia contra el mandatario, lo que orilló a su vicepresidenta, Dina Boluarte a hacerse cargo del mandato, que ostenta hasta hoy. 

La medida, que llevó a la cárcel al dirigente, elegido en las urnas en junio de 2021 por sobre Keiko Fujimori, fue repudiada masivamente por millones de peruanos, que en defensa del voto popular se manifestaron en puntos clave dentro de la historia de la disidencia peruana, como la ciudad rural de Ayacucho, en el sur foco del desarrollo de la guerrilla de la década de 1980; o en las localidades de Puno y Juliaca, aledañas al lago Titicaca y ante las que la represión policial generó decenas de victimas mortales con particular ensañamiento contra los pobres. Perú, ese país siempre roto entre la presumidamente cosmopolita Lima y sus interiores rurales.

A estas dificultades acumuladas e irresueltas, en el momento en que se cumple un año del inicio de ese proceso político y social, se suman nuevos sacudimientos como la liberación del expresidente Alberto Fujimori, corresponsable de la crisis de institucionalidad que atraviesa el país al menos desde 1992 porque, con un llamado autogolpe de Estado que disolvió al legislativo apoyado en la fuerza militar, implementó cambios agresivos en el país, como reescribir la constitución, y operó a fuerzas del Estado para perpetrar ejecuciones extrajudiciales con el pretexto de la persecución del movimiento armado de Sendero Luminoso, un proceso de violencia sistémica documentado en el reportaje Muerte en el Pentagonito: los cementerios secretos del ejército peruano, del periodista Ricardo Uceda.

Otro episodio crítico de los últimos días en la patria andina es el escándalo de la titular de la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, acusada de operar una trama de corrupción desde la dependencia, lo que podría derivar en su separación del cargo y sanciones administrativas y penales.

En un contexto en el que, a razón del aniversario, las organizaciones sociales y los ciudadanos organizan la reactivación de las movilizaciones contra Boluarte, Altura desprendida conversó con peruanos universitarios sobre su perspectiva ante la situación. 

«Nos sentimos traicionados también por Castillo»

En opinión del egresado de la Fundación Universidad del Cine Jorge Isaac Aróstegui, originario de Abancay, en el sur del Perú, el vancado presidente Castillo también traicionó a los ciudadanos, mientras que, en su lectura, en el extranjero se tiene la idea de que fue depuesto de manera injusta. 

«En cierto punto, nosotros nos sentimos traicionados también por Castillo porque él venía de ser un outsider» que contravino las malas expectativas sobre su desempeño electoral, declara.

«Sí representaba un cambio total porque hasta ese entonces nos había gobernado solamente la élite peruana y teníamos muchas esperanzas puestas en Castillo. Empezó mal y lo que hizo fue totalmente olvidar a toda la izquierda que lo había apoyado», para priorizar pactos con el fujimorismo, acusa el también estudiante de escritura creativa en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina. 

Así, Aróstegui considera que la maniobra de disolución de poderes del entonces mandatario que aceleró su vacancia fue un intento de golpe de Estado que, además, contravino el marco constitucional. «Lo mismo hizo Fujimori en el 92».

El estudioso califica que, desde su nacimiento, el Perú es un Estado fallido, como exhibe la clásica novela de Mario Vargas Llosa Conversación en La Catedral, que muy pronto en su narración se pregunta, precisamente: «¿En qué momento se había jodido el Perú?».

El país andino, abunda, es una sociedad quebrada, no en el sentido económico, sin los desafíos inflacionarios de Argentina, sino desde una perspectiva social, con claras diferencias de poder adquisitivo y de diálogos fragmentados entre sus regiones de la costa, la selva y la sierra.

Pese a sus críticas a Castillo, el estudiante y ciudadano peruano considera que no es clara la posibilidad de una salida gubernamental, institucional, a la situación, por lo que apela a un adelanto de elecciones, en un escenario en que, de acuerdo con el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la mandataria Boluarte cuenta únicamente con el 8% de la aprobación ciudadana en todo el país.

Estima, a su vez, que es probable que no sea urgente la asamblea constituyente por el momento.

Ante la situación de desigualdad y para salir de la crisis, el Perú necesita un pacto de perdón donde se deje de aislar a ciudadanos como de segunda categoría, subraya Aróstegui, además de excarcelar a Castillo, porque considera excesivo su aislamiento.

«Me parece que llegó a un nivel muy, muy bajo el Perú», califica el reseñista y estudioso.

Tolerancia «en tanto sirva a la derecha»

En tanto, el editor Marco Campos, titular de la revista sobre traducción literaria Lengua imperfecta, considera que el proceso contra Castillo ejerció un punitivismo que incluyó a la familia del ahora exmandatario y que, sin embargo, no afecta a Boluarte, a pesar de que también encara señalamientos de corrupción. Esto, dice, se explica porque el actual ejecutivo peruano sirve a la derecha conservadora y a la influencia de Estados Unidos en la nación andina.

«La debacle ha llegado, es una pelea de tuertos viendo quién se queda con el ojo, quién sale mejor de todo esto. No sé desde qué lado ganemos, pero inevitablemente ellos van a perder», asevera. 

Para comenzar a superar la crisis de impopularidad, de descontento, de inestabilidad política —que además, de Fujimori y Castillo, ha generado acciones judiciales contra los también exmandatarios Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, por distintas causas: una fotografía del problema de gobernabilidad que vive la nación andina—, Campos considera que es necesario el consenso entre las fuerzas políticas.

«Para mí existen dos caminos, pero sólo uno de ellos es posible: primero el concilio democrático entre la derecha y la izquierda política, que es algo que uno escribe pero le da risa hasta considerar; y segundo, una dictadura del pueblo, reconstruir la identidad nacional y comenzar un proceso drástico de cambios, no sé cuánta ira más nos falta para llegar a eso», reconoce. 

El joven, colaborador del sello editorial local Pesopluma y traductor de literatura brasileña, considera que sigue vigente la discusión sobre el proceso que llevó a la vacancia de Castillo, porque explica la situación actual que vive el país.

En el margen de la reactivación de las protestas, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado el 4 de diciembre de 2023 donde califica de lamentables los hechos de represión policial de diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023, que condujeron a la muerte a más de 50 personas, además de llamar a que las nuevas manifestaciones se conduzcan en paz.

«No manejamos un equipo de inteligencia, necesitamos hallar modos de identificar a los policías encubiertos y ya no es suficiente la verborragia académica, ha demostrado no servir para nada en nuestro país», señala Campos.

«Nuestras manifestaciones funcionan desde el sentido común, nacen donde las cosas duelen, y ponerles nombres complicados desde la comodidad de la burguesía, lucrando desde otro lado con los muertos, es igual de despreciable que el ser que nos dispara», expresa el inconforme. 

«Se impuso una coalición conservadora»

El estudiante de literatura Peter Camilo, matriculado en la Universidad Nacional Federico Villarreal y con formación en economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) —la misma de José María Arguedas— apunta directamente a Boluarte como el problema.

Con ella, acusa, «se impuso una coalición conservadora de gobierno, formada por el ejecutivo, el legislativo, la Fiscalía y los grandes medios; los conservadores, en ese sentido, no tienen ningún reparo en usar» a la mandataria Boluarte, mientras siga protegiendo sus intereses y defienda el modelo neoliberal en el Perú, al que precisamente apuntó Fujimori al adoptar la agenda privatizadora de su rival electoral, Mario Vargas Llosa.

La actual presidenta del Perú, dice Peter Camilo, dio la espalda a los votantes que la apoyaron en su llegada como vicemandataria de Castillo al Palacio de Gobierno, sede del ejecutivo peruano.

«Ella hoy gobierna con quienes perdieron la última elección presidencial, algo parecido a lo que ocurrió en el Ecuador con el expresidente Lenin Moreno», a quien califica de traidor de la izquierda.

No obstante, el estudiante de literatura considera que la situación política actual del Perú es imprevisible porque la coalición gobernante está cargada de intereses contrarios que pueden estallar entre sí en cualquier momento.

«Tal vez no exista un consenso mayoritario entre los peruanos sobre la necesidad de cambiar la constitución y el modelo, para saberlo es preciso convocar a un proceso consultivo; pero en lo que sí hay un amplio consenso es en el rechazo a Dina Boluarte», por lo que serían asequibles las elecciones anticipadas, apunta.

Una posibilidad para atender la crisis, pondera, es convocar a un encuentro conciliador entre los peruanos, para lo que podría funcionar un proceso constituyente abierto y participativo. 

El estallido social con que los ciudadanos rechazaron la vacancia de Castillo en Puno, Cusco, Juliaca, Ayacucho o Lima, recuerda Camilo, conjuró la indignación popular, pero también la esperanza. «El Perú no oficial irrumpió y ganó las calles», describe. 

«Ahora la derecha ha tenido que recurrir a la violencia desatada» para sostener su control del poder político, orientados por el clasismo, el racismo y el autoritarismo, califica. «Y, por eso mismo, la conciencia de la mayoría de peruanos, creo yo, ha salido fortalecida de este episodio doloroso. Más allá de que resurjan o no las protestas en lo inmediato, para mí esto es algo a valorar positivamente».

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Samuel Cortés Hamdan (Guadalajara, 1988) 
Licenciado en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha trabajado como editor y reportero en distintos medios mexicanos e internacionales. Escribe sobre cine, lo que pasa en la calle, los reveses de la emoción y su apego a los accidentes del terreno, así como de libros que tal vez querrían su reedición. Autopublicó un libro de varia invención, Me acuerdo, de descarga gratuita, y empolva otro de naturaleza similar en el cajón de los inéditos, buscándole luz.
Twitter: @cilantrus

Imagen de portada: Grafiti en la ciudad de Ayacucho, en cuya universidad el profesor de filosofía Abimael Guzmán sentó las bases del movimiento armado que desataría una guerra contra el Estado peruano el 17 de mayo de 1980. Esa fotografía y todas las de interiores son capturas originales de Altura desprendida.